En el año 2005, México fue testigo de un evento que dejó una huella en el sistema judicial. Florence Cassez, ciudadana francesa, y el mexicano Israel Vallarta fueron detenidos bajo acusaciones de liderar la banda de secuestradores llamada “Los Zodiaco”.
Tras una serie de acontecimientos y revelaciones impactantes, este caso se convirtió en un símbolo de las irregularidades y la lucha por la justicia en el país, involucrando a dos gobiernos: el del presidente Vicente Fox (de 2000 a 2006) y el de Felipe Calderón (de 2006 a 2012).
El tema llegó a la Corte en enero de 2013 de la mano del ministro Arturo Zaldívar, quien formuló el criterio del llamado "efecto corruptor", argumentando que la transmisión había alterado el debido proceso.
Zaldívar reveló en una entrevista que Florence Cassez e Israel Vallarta fueron detenidos en la carretera 24 horas antes de lo que las autoridades indicaron y se les incomunicó, sin dar aviso consular a Francia por la detención de una ciudadana de ese país. Al día siguiente, se les trasladó al rancho “Las Chinitas” y la policía simuló el rescate de unos secuestrados, todo esto sucedía en una transmisión en vivo. Torturaron a Israel Vallarta, un "presunto secuestrador", durante esa transmisión.
Los "secuestrados" no identificaron a ninguno de los detenidos, sin embargo, posteriormente se darían a conocer otras versiones sobre el reconocimiento de los agresores a través de los medios televisivos. Según Zaldívar, no existió una orden de aprehensión en su contra, no fueron puestos a disposición del Ministerio Público, no se informó al consulado francés para que defendiera a su ciudadana y se violó su presunción de inocencia al presentarlos ante los medios.
La detención en el rancho “Las Chinitas” por parte de la Agencia Federal de Investigación (AFI) desencadenó una controversia que aún resuena en la historia judicial mexicana. Con dos personas privadas de la libertad en esa casa de seguridad, las acusaciones recayeron sobre Cassez y Vallarta, marcando el inicio de un drama legal que perduraría durante años.
A Florence Cassez se le impuso inicialmente una sentencia de 96 años de prisión, reducida posteriormente a 60 años, generando debates sobre los métodos de investigación. Mientras tanto, Vallarta continúa tras las rejas, proclamando tortura y clamando por su libertad en medio de un expediente manchado de irregularidades.
La liberación de Cassez por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una década puso al descubierto prácticas corruptas en gobiernos pasados. Este caso no solo reveló la fragilidad del sistema judicial mexicano, sino que también evidenció la manipulación de autoridades para fabricar culpables.
Esta historia expuso la oscuridad del poder político y policial. La participación de figuras como Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino reveló grietas profundas en el sistema, donde la búsqueda de la verdad se ve obstruida por abusos policiales, pruebas fabricadas y testimonios manipulados.
A pesar de los esfuerzos actuales por usar el caso de Florence Cassez como un ejemplo de las prácticas criminales del pasado, la situación de Israel Vallarta sigue sin resolverse y el expediente permanece teñido por la disfuncionalidad de la justicia mexicana.
El caso Florence Cassez-Vallarta trasciende el ámbito legal para convertirse en un recordatorio vívido de las irregularidades persistentes en el sistema judicial de México, una lucha constante por la verdad y la justicia.
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