Han pasado poco más de 14 años desde que el caso de la Guardería ABC tuvo lugar, dejando a 49 pequeños sin vida y a numerosas familias desconsoladas y con una sensación de impunidad e injusticia.
El viernes 5 de junio de 2009, más de 176 infantes acudieron a una guardería subrogada por el IMSS ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Como todos los días, serían cuidados mientras que sus trabajaban. Sin embargo, no contaban con que un trágico suceso terminaría con sus vidas.
Alrededor de las 02:45 de la tarde, inició un incendio en la bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sinaloa, contigua a la guardería. En pocos segundos se propagó a las instalaciones del establecimiento, pues el techo tenía un recubrimiento de poliuretano y en el área de usos múltiples había un toldo de plástico (PVC), materiales altamente inflamables.
Según el informe oficial, los pequeños se encontraban en su hora de siesta cuando se sobrecalentó un sistema de enfriamiento de la bodega que resguardaba cinco toneladas de documentos, placas vehiculares y tres vehículos, haciendo que las llamas crecieran rápidamente.
Testigos afirmaron que se escuchó una explosión, tras ella, una nube negra se hizo presente, haciendo que vecinos de la zona, seguidos de elementos de seguridad y protección acudieran al socorro de los menores. Sin embargo, la falta de salidas de emergencia imposibilitó la entrada a la guardería en llamas.
Para la tarde de ese lamentable viernes, el terrible incendio cobró la vida de 24 niños y 25 niñas de entre 10 meses y 5 años de edad y, sumado a esto, más de 104 menores y múltiples trabajadores resultaron expuestos a la inhalación de gases tóxicos y terminaron gravemente lesionados.
Los sobrevivientes fueron hospitalizados con lesiones de consideración: 5 adultos, niños y niñas fueron atendidos por intoxicación y aproximadamente 30 fueron trasladados de urgencia a Estados Unidos para recibir atención especializada por quemaduras de distinta magnitud. Muchos de ellos, requieren de asistencia médica hasta la fecha.
Las primeras investigaciones arrojaron que la guardería no cumplía con los requisitos de seguridad establecidos y que, si se hubiera contado con estos, la tragedia no hubiera ocurrido o hubiera sido menor.
Tras esto, una serie de recomendaciones fueron emitidas y el suceso quedó como una lección preventiva para todas las guarderías y escuelas del país. Sin embargo, tras más de 14 años, la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR) se mantiene en etapa complementaria y ninguno de los 22 servidores públicos declarados responsables de negligencia por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido sentenciado.
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