Desde agosto de 2021, antes de que asumiera el cargo de Presidente municipal de Cuernavaca, el abogado José Luis Urióstegui Salgado tenía una radiografía de las crisis financiera y operativa del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad.
En una conferencia de prensa, ofrecida el 23 de agosto de 2021, el entonces Presidente municipal electo de Cuernavaca reveló que la deuda histórica del Sapac con la Comisión Federal de Electricidad ascendía a unos 265 millones de pesos.
Sabía también desde entonces que el consumo de energía eléctrica mensual del organismo de agua potable ascendía a unos 11 millones de pesos, de los cuales, Sapac solo paga 3, a pesar de tener un ingreso, también mensual, de al menos 25 millones de pesos.
Sabía desde entonces Urióstegui, antes de asumir el cargo, que en Cuernavaca están detectadas unas 20 mil tomas de agua potable clandestinas y que el 25 por ciento de las personas cuyas tomas sí están registradas no pagan por el servicio.
Cuando rindió protesta, el 31 de diciembre de 2021, el abogado Urióstegui atribuyó la preocupante situación del Sapac a la corrupción, la ineficiencia, la falta de previsión y a las deudas que el organismo arrastra desde administraciones anteriores.
Ese día prometió implementar controles para impedir el desvío de recursos económicos dentro del Sapac y la regularización de las tomas clandestinas.
Un mes más tarde, el 31 de enero de 2022, el Comisario del Sapac, Eleael Acevedo, habló de la existencia de “indicios fuertes de que hubo mucha desviación en actos de corrupción” dentro del Sapac durante la Administración anterior.
En ese contexto, Acevedo anunció la realización de dos auditorias externas al organismo: una sobre la nómina de Sapac y otra sobre las tomas de agua potable que existen en la ciudad.
Poco más de un año después de hacer públicos todos estos diagnósticos, las crisis financiera y operativa por las que atraviesa el Sapac no solo no han mejorado, sino que cada día empeoran, pues hasta la fecha, el Gobierno panista de José Luis Urióstegui Salgado no ha logrado revertir la situación del organismo, ni sanear sus finanzas, ni acabar con los actos de corrupción, ni revertir los pasivos históricos que mantiene con la CFE.
Lejos de ello, la deuda con la CFE cada día crece más y la corrupción revelada desde entonces hasta ahora no ha sido denunciada, por lo que los responsables gozan de impunidad.
La incapacidad del abogado Urióstegui y sus colaboradores para atender las crisis del Sapac ha derivado en constantes cortes de energía eléctrica a pozos de agua potable y en consecuencia en que miles de familias carezcan en sus casas del vital líquido.
Es la propia ciudadanía la que, ante la ineficiencia de las autoridades municipales, ha decidido tomar cartas en el asunto y hacer valer, por sus propios medios, el derecho que tiene a contar con el servicio de agua potable en sus casas, servicio por el que, en su caso probablemente, paga puntualmente al Sapac del Gobierno de Urióstegui Salgado.
Hasta la próxima.
