El 9 de febrero de 2020, Ingrid Escamilla, una joven de 25 años, fue asesinada y desollada en un departamento de la Colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, a manos de su pareja sentimental, Erick Francisco “N”. Eso no fue todo, Ingrid se convirtió en una de las mujeres cuyas imágenes gráficas fueron difundidas tras su atroz asesinato en la Ciudad de México. En ese momento se sentaron las bases de la que hoy se conoce como Ley Ingrid.
En marzo del 2022, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la llamada Ley Ingrid, misma que sanciona con penas de 100 a 150 días de multa y de cuatro a 10 años de prisión a servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, videograben, reproduzcan y difundan material relacionado con una víctima cuya investigación penal esté en curso.
Ya para septiembre de 2023, el pleno del Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal que establece la sanción de hasta 18 años de prisión a los funcionarios que graben, difundan y distribuyan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia, la misma penalidad alcanza a los periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que lo publiquen.
En el Edomex hicieron lo propio. La Ley Ingrid, al igual que la Ley Ocaña fueron publicadas en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México. Ahí se establecieron penas de cuatro a ocho años de cárcel y multas considerables por incurrir en este delito.
Con el objetivo de proteger la privacidad, dignidad y derechos de las víctimas, estas y otras medidas se han convertido en una especie de bálsamo para las familias que buscan justicia tras el trato que sus seres queridos recibieron luego de fallecer en un ya de por sí terrible hecho violento.
Crece la conciencia, pero con ella deben también diseñarse e implementarse leyes y políticas que protejan a las víctimas en México. Las conductas que vulneran sus derechos deben ser castigadas.
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