El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofreció 88 mil pesos a Vanessa Dib Velazquez, una mujer a quien le fueron amputadas las piernas, le extirparon el útero y un ovario tras un “error de diagnóstico”, luego de acudir al Hospital General Regional número 1 de Querétaro sólo para retirarse el Dispositivo Intrauterino (DIU), ya que estaba traslocado.
“Me ofrecen 88 mil pesos por la reparación del daño, ¿Yo le pregunto a los médicos si eso valen sus piernas? Con gusto se los pago para que me regresen las mías”, así lo manifestó Vanessa.
Asimismo, la joven de 31 años contó que el IMSS le ofrece los 88 mil pesos como reparación del daño, pero ni siquiera le ha ofrecido una disculpa por el daño que le causó.
“Obviamente eso no va a reparar mi daño, pero ayudaría un poco en la parte emocional, porque, quizá, ellos no se ponen a pensar todo lo que llegaron a truncar (…) Me ofrecen creo que 88 mil pesos para la reparación del daño y yo quisiera preguntarle a los médicos que cometieron esos errores, si esos 88 mil pesos valen sus piernas”, expreso.
Cronología de los hechos
Vanessa acudió al área de ginecobstetricia en el Hospital General Regional número 1 (HGR-1) de Querétaro, para retirarse el DIU que se encontraba traslocado, el cual se extrajo con pinzas sin realizar previamente un ultrasonido o estudios de rayos X.
Tres días después, la víctima acudió a la UMF-9 por un dolor lumbar, donde se anotó como antecedente el retiro del DIU y que, sin llevar a cabo algún análisis, se le diagnosticó lumbalgia aguda. Pero la situación de salud de la mujer empeoró y se presentó en el área de urgencias de la UMF-9 y de ahí fue trasladada al HGR-1, donde ingresó por grave pérdida de sangre, gastroenteritis infecciosa y deshidratación severa.
Dicha intervención terminó en extirpación de útero y ovario y, posteriormente, la amputación de ambas piernas en el hospital del IMSS.
CNDH pide reparación del daño por diagnóstico erróneo a Vanessa.
Con lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 118/2022 a Zoé Robledo, director general del IMSS, debido a que personal médico adscrito al HGR-1 y a la UMF-9 transgredieron los derechos a la protección de la salud, a la integridad personal, a la salud sexual y reproductiva, y dañaron el proyecto de vida de la víctima.
Además, el organismo señaló que la atención otorgada no fue oportuna ni adecuada y que hoy la víctima podría presentar trastornos fisiológicos secundarios de su función reproductiva, alteraciones de la función sexual y trastornos psicológicos relacionados a la pérdida del útero.
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