LA ONU para los Derecho Humanos a través de Guillermo Fernández Maldonado, representante de esta organización, ha señalado que una de las más graves conseciencias que ha tenido la aplicación de la Prisión Preventiva Oficiosa, PPO, es la privación de la libertad de muchas personas, de manera injusta, sobre todo las personas que se encuentran en una situación vulnerable económica y socialmente.
Ha dejado en claro que son varias las organizaciones internacionales las que han señalado que la PPO es incompatible con los tratados internacionales en los que México forma parte.
De igual manera, alentó al gobierno mexicano a seguir las recomendaciones en las cuales se indica la necesidad de derogar la PPO de la Constitución pues atenta contra las normas y estándares internacionales.
