De acuerdo con la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada este martes 17 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los estados y municipios de México estarán obligados a realizar operativos de alcoholímetro de manera permanente.
Es importante destacar que esta ley entra en vigor a partir de este miércoles 18 de mayo.
El objetivo es evitar la conducción de cualquier tipo de vehículos bajo el efecto del alcohol, por ello, queda prohibido conducir con una alcoholemia superior a 0.25 mg/L en aire espirado o 0.05 g/dL en sangre, excepto las siguientes consideraciones:
- Para las personas que conduzcan motocicletas queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 0.1 mg/L en aire espirado o 0.02 g/dL en sangre.
- Para vehículos destinados al transporte de pasajeros y de carga, queda prohibido conducir con cualquier concentración de alcohol por espiración o litro de sangre.
Asimismo, se contempla el uso obligatorio de casco para personas conductoras y pasajeros de motocicletas y la prohibición de hablar por teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico, así como leer y/o enviar mensajes de texto por medio de cualquier tipo de medio electrónico, salvo que se utilicen manos libres.
Inclusive, se realizará en todo el país un examen obligatorio (teórico y práctico) para obtener la licencia de conducir y habrá límites de velocidad en vialidades de acceso controlado, como en primarias y secundarias.
Principios de movilidad y seguridad vial
- Garantizar el acceso público e igualitario, con dignidad y autonomía a los espacios públicos.
- Garantizar sistemas de movilidad dignos.
- Servicios de transporte confiables.
- Seguridad vial y vehicular, entre otros.
De manera que los senadores que aprobaron esta ley destacaron que las modificaciones tienen la finalidad de dar mayor certeza a las y los ciudadanos para ejercer su derecho humano a la movilidad, en condiciones de seguridad vial.
En cuanto a las sanciones a quienes incumplan la medida, estas no están establecidas en la ley, ya que serán determinadas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno.