La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a cuatro víctimas indirectas, familiares de Lucio Cabañas, bajo el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González. Este fallo ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en la época conocida como “guerra sucia”.
La defensa de las víctimas había solicitado la protección de la ley ante la negativa de acceso a la justicia y a la verdad, entre otros, por parte de la FGR, luego de que en enero de 2022 decidiera no ejercer acción penal bajo el argumento de que “en aquella época no estaba vigente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
Los ministros de la Primera Sala señalaron que, si bien estas normativas no estaban vigentes, sí había otros mecanismos para determinar las condiciones de lesa humanidad.
“La decisión de no ejercer acción penal bajo el argumento de que, a los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Sucia, les son aplicables las figuras de prescripción, atipicidad e irretroactividad se traduce en una transgresión al derecho a la verdad”, detalla el proyecto.
El proyecto fue aprobado con cuatro votos a favor y uno en contra, brindando protección a cuatro mujeres detenidas y torturadas en este periodo de represión política y militar. Se trata de Juana, Rosa Elena e Irene Nava Cabañas, así como Flavia Cabañas Gómez; todas ellas hermanas de Lucio Cabañas, normalista, exguerrillero y líder del Partido de los Pobres, consolidado en la década de 1970 en Guerrero.
De esta manera, la Fiscalía General de la República deberá resolver si ejerce o no la acción penal en un plazo no mayor a 12 meses, además de informar de manera bimestral al juez de amparo sobre las nuevas actuaciones de investigación.
¿Qué constituye un crimen de lesa humanidad?
Un crimen de lesa humanidad se refiere a graves violaciones de los derechos humanos realizadas como parte de un ataque extenso o sistemático dirigido contra una población civil.
El artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) señala que estos crímenes engloban acciones como el asesinato, la exterminación, la esclavitud, la deportación, la tortura, la violación, la desaparición forzada, y otros actos inhumanos que provocan un sufrimiento extremo.
Además, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de la ONU de 1968 reconoce estos delitos como de máxima gravedad a nivel internacional y no prescriben. Esto implica que pueden ser investigados y castigados sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde su comisión.
