A partir del primero de enero del siguiente año, manejar empresas fantasmas o utilizar facturas falsas, será considerado como una amenaza a la Seguridad Nacional, y catalogado como delincuencia organizada.
El Senado de la República aprobó esta medida con todo el Paquete Económico que entra en vigor el próximo año, misma que indica prisión preventiva oficiosa a quien cometa este delito, pero solo cuando sean tres los contribuyentes y se superen los 7.8 millones de pesos; así lo propuso Ricardo Monreal como una forma de protección para los empresarios honestos.
Durante la aprobación de la reforma, el PRI, PAN y PRD, se posicionaron en contra, argumentando que es una acusación grave considerar amenaza nacional la evasión de responsabilidad fiscal, pues se está equiparando a actos de terrorismo.
Entre otras sanciones, se aplicarán de dos a nueve años de prisión a quien se le compruebe la expedición de comprobantes fiscales falsos, así como a quien se promociones para la adquisición o enajenación de los mismos.