Trabajadores de la extinta Ruta 100, que formó parte de la red de transporte público del entonces Distrito Federal, continúan reuniéndose año tras año, pese a que han pasado más de dos décadas del que muchos llamaron un “crimen de Estado”.
El 19 de junio de 1995 tuvo lugar uno de los hechos de la historia judicial mexicana que ha dejado más interrogantes sin resolver, pues ese día fue abatido con dos tiros en la cabeza el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Abraham Polo Uscanga.
En un momento clave en el que el Gobierno del Distrito Federal y la policía hablaban de endurecer su lucha contra la corrupción y las mafias, Abraham fue uno de los principales personajes que pretendían erradicar a aquellos que buscaban dañar la imagen de la justicia, pero desafortunadamente para él, esto también fue lo que lo llevó al final de su vida.
Sin embargo, este fin ya se veía venir, pues el magistrado habría alertado que su vida corría peligro; días antes debía girar una orden de aprehensión contra los dirigentes del sindicato de la camionera, a petición del expresidente del Tribunal Superior de Justicia del D.F., Saturnino Agüero, pues sus integrantes se proclamaron opositores del gobierno y exigieron que se hicieran validos sus derechos laborales luego de que se diera a conocer la quiebra de la empresa de Transporte Ruta 100.
Abraham Polo Uscanga no cumplió con la petición, estaba seguro de que no existían pruebas suficientes, por lo que comenzó a recibir diferentes amenazas, denunciando las mismas ante la prensa, no estaba de acuerdo con dichos actos.
“Recibí yo una recomendación del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, para que yo resolviera un asunto de determinada forma. Lo que no era procedente, se lo indiqué; me dijo: ‘Aténgase a las consecuencias’. Me retiré de la oficina, y en virtud de ello, presenté y/o solicité mi licencia prejubilatoria y posteriormente mi renuncia, cuando se venza ésta. Porque no estoy de acuerdo que se pisoteé al Poder Judicial”, rescata como una de sus últimas declaraciones.
Tras esto, el magistrado fue privado de la vida al interior de su despacho y hallado por su chofer, quien tras esperarlo por más de seis horas, entró para revisar qué sucedía.
Sin embargo, las autoridades intentaron ocultar el hecho afirmando que se habría tratado de un suicidio. Esta conclusión fue ridiculizada, por lo que Alejandro López Villanueva, alias “El Grandote”, líder del Frente Popular Francisco Villa, fue detenido gracias a las declaraciones de diversos testigos. El caso quedó impune, pues tras la negativa de López Villanueva, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) giró una orden de aprehensión en contra de 10 líderes del mismo frente.
Más tarde, se establecieron las siguientes hipótesis: el conflicto con Saturnino Agüero; el conflicto de la Ruta 100; y la posible participación de su chofer, pero el caso ya era bastante complejo, pues desde el inicio las autoridades contaron con más de 14 retratos hablados.
El 30 de junio de 1999, la nueva administración de la PGJDF, a cargo de Margarita Guerra y Tejada, subprocuradora A, informa que se tienen ubicados a los presuntos autores materiales y promete resultados en días.
No fue hasta el 7 de diciembre de dicho año que Guerra y Tejada informa que se detuvo al chofer de Polo Uscanga como presunto responsable de encubrimiento, al negarse a colaborar en las investigaciones.
Pese a ello, los miembros del Sindicato Único de los Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 continúan recordando el caso del magistrado y afirman que sigue impune.
“Murió por defender la autonomía del Poder Judicial; exigimos que le rindan un homenaje, le pongan una estatua o un retablo de mármol, porque lo que él hizo fue ofrendar su vida para defender la autonomía del Poder Judicial y luchar contra la corrupción y la impunidad”, son las palabras de Jorge Cuellar Valdés, líder de los trabajadores.
Con información de Paola Arcos.
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